Agencia MANL
México,
D.F.- El Contralor General del Distrito Federal, Ricardo García Sainz
Lavista, compareció ante la Comisión de Administración Pública Local de
la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al
evento realizado en la sala Heberto Castillo del Recinto Legislativo de
Donceles, acudieron los diputados Alejandro Rafael Piña Medina,
presidente; Agustín Torres Pérez, vicepresidente; Adrián Michel Espino,
secretario; y los integrantes José Fernando Mercado Guaida, María
Gabriela Salido Magos, Gabriel Gómez del Campo Gurza y Ana Julia
Hernández Pérez, así como los diputados Miriam Saldaña Cháirez del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Jorge Gaviño Ambriz de Nueva
Alianza.
Jorge Gaviño, al dar el posicionamiento de partido
que representa, compartió con el Contralor algunas cifras que contrastan
con lo que García Sainz Lavista presenta en su informe. El también
presidente de Nueva Alianza en la capital manifestó que aunque respeta y
admira la trayectoria del titular de esta dependencia, procedería a
realizar una crítica constructiva.
En materia corrupción, el
análisis del 2010 de Transparencia Mexicana, presentado este año, ubicó
al Distrito Federal en el último lugar, como la entidad con mayor
percepción de corrupción entre su población. Dicho estudio, dijo, mide
35 trámites y servicios y le mereció a la capital del país un indicador
de 17.9, el más alto a nivel nacional, en donde 100 es la mayor
percepción de corrupción y 0 la menor. La media nacional se encuentra en
el 10.3%
Asimismo, aseguró que los anacronismos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, son evidentes, no sólo por
la regulación del juicio político, la que llamó una figura
prácticamente sin uso, sino también, por lo atrasado de las normas en
cuanto a las responsabilidades administrativas, en donde el problema
fundamental está en que el ejecutivo sigue siendo juez y parte en la
fiscalización y sanción de las conductas ilícitas de servidores
públicos.
Aseguró que aunque la Asamblea Legislativa no tiene
facultades para legislar directamente en esta materia, por ser un tema
que le corresponde al Congreso de la Unión, sí puede, de conformidad con
sus facultades, enviar una iniciativa de Ley al sobre Responsabilidades
de los Servidores Públicos Locales, de3 acuerdo al Artículo 122
Constitucional, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ, y 42,
fracción VIII del Estatuto de Gobierno del D.F.
Gaviño Ambriz,
llamó a presentar un proyecto de ley a la altura de las circunstancias.
Dijo que este es un tema muy sensible para la sociedad capitalina que
padece la corrupción de servidores públicos dotados del mal llamado
“fuero”, quienes tienen que responder penalmente. Sentenció que las
sanciones por las responsabilidades administrativas, no deben estar a
cargo de la Contraloría Local porque se asume el carácter de “juez y
parte”, sino que deben de correr a cargo de un órgano jurisdiccional
dotado de autonomía para emitir resoluciones.
Jorge Gaviño
continuó su participación al asegurar que de acuerdo al último estudio
del Banco Mundial “Doing Business Subnational”, dos trámites locales se
caracterizaron por ser lentos, caros y sobre-regulados:
En
materia de permisos de construcción y de acuerdo al estudio referido, el
D.F. ocupa el lugar 20 entre 32 entidades federativas, con un promedio
de tiempo para realizar este trámite de 81 días. La complejidad de los
trámites y la mala regulación es una velada invitación para la
corrupción. Además, los trámites más complejos no garantizan la
seguridad pública, las buenas prácticas internacionales demuestran que
la seguridad se garantiza mejor con regulaciones simples pero eficaces.
En
materia de Registro de la Propiedad es el rubro peor calificado para el
D.F. ya que ocupa el lugar 32 de 32 posibles. Dijo que el servicio en
esta materia es malo y caro. El número de trámites involucrados es de 7
con 74 días de tardanza en promedio (el más alto a nivel nacional) y con
un costo del 5.3% del valor de la propiedad, información que no se ve
reflejada en las cifras que presenta en su informe el Contralor.
Durante
la ronda de preguntas y respuestas, Gaviño Ambriz dijo a García Sainz
Lavista que tanto en la política como en la Administración Pública lo
que cuentan son los resultados, por lo que cuestionó la emisión de
sentencias cuando está prescrito el asunto, por ejemplo: si un servidor
público realiza una conducta irregular el 15 de enero de 2012, de la que
no obtiene un beneficio o causó un daño de carácter económico, las
facultades para sancionarlo prescriben tres años, por lo que válidamente
se le puede notificar el oficio citatorio que inicia el procedimiento
administrativo disciplinario el 15 de enero de 2015, teniendo la
autoridad a partir de esa fecha, otros tres años para emitir y notificar
la resolución sancionadora, es decir, válidamente puede notificar y
hacer del conocimiento la resolución, el 15 de enero de 2018.
Por
lo que aseguró que el término de la prescripción como regla general es
de tres años, y que al tratarse de conductas o infracciones calificadas
como graves, la prescripción será de cinco años.
Por otro
lado, en el caso de Servimet el agente inmobiliario del Gobierno del
Distrito Federal, expuso un ejemplo acontecido el 17 de diciembre de
2001 en el que Servimet celebró con la señora Pilar Talayero Tenorio, un
contrato de permuta sobre un lote de terreno identificado como
Ampliación ZE-2, una zona escolar de Santa Fe, a cambio de otro lote de
terreno en la misma zona que era de utilidad para el GDF.
Once
años después, en el mes de julio del año en curso, el Arquitecto Javier
Gutiérrez Muro Pliego, actual Director de Servimet, turnó a la
Contraloría General a cargo de Ricardo García Sainz Lavista, el
expediente para efecto que se inicie el “Procedimiento de
Responsabilidades” al Director de Servimet de aquella época, pero de lo
cual no se ha obtenido respuesta, por lo que lo instó a resolver tan
problemática.
Antes de finalizar su participación, el
alianista Gaviño Ambriz, dijo que de acuerdo con el Informe Anual que
rindió la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
D.F., para el año 2011, consultable en el portal de Internet de este
Órgano Jurisdiccional, en dicho periodo se recibieron 12770 demandas,
siendo 518 en materia de responsabilidades.
El mismo informe
señala que el 85% de las sentencias dictadas por las Salas Ordinarias de
este Tribunal fueron en contra de la autoridad. Del total de las
demandas recibidas 9615 (el 85%) recibieron sentencia a favor del
demandante y contraria a la autoridad.
Razón por la cual
cuestionó quién tiene la razón: ¿El Tribunal o la Contraloría? E instó
al servidor público presente, a realizar lo que la ley establece porque
mientras se mantenga a controladores que no resuelven situaciones de
este tipo se quita presupuesto a la ciudad y se traiciona a la
ciudadanía.
miércoles, 24 de octubre de 2012
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